viernes, 9 de abril de 2010

"Torcido pretexto para romper con Cuba", advierte el periodista Miguel Ángel Ferrer.

Retórica y demagogia aparte, es claro que el gobierno de Felipe Calderón no desea ni busca un mejoramiento de las relaciones entre México y Cuba. Más bien acontece lo contrario: se buscan y ponen en marcha acciones que no sólo no conduzcan a esa mejoría, sino que propicien la permanencia de la actual situación de deterioro y, si ello es posible, la ruptura franca y abierta con el régimen de la isla.

El pretexto ahora es la propuesta de un senador panista para que la llamada Cámara Alta lamente el fallecimiento, tras una huelga de hambre, del ciudadano cubano Orlando Zapata, y se exhorte al gobierno del presidente Raúl Castro "al diálogo con los llamados disidentes y a liberar a los presos políticos".

Utilizando el viejo recurso de tirar la piedra y esconder la mano, Calderón ha enviado a uno de sus testaferros a proponer una flagrante intromisión en los asuntos internos de Cuba, ilegal injerencia que sólo puede producir, como ya ha ocurrido, el indignado rechazo y una airada respuesta de la isla y un mayor deterioro en los nexos entre ambos países, lo que servirá de base para que Calderón incumpla, con fabricada justificación, su prometida visita a la mayor de las Antillas.

Lo absurdo y retorcido del pretexto para cancelar esa visita es también un claro indicador de que las oficinas de Calderón y de su canciller, Patricia Espinosa, no encontraban la fórmula que les permitiera, sin repetir las vulgaridades foxistas, enfriar hasta la congelación y, mejor aún, hasta la ruptura, las relaciones con Cuba.

Vista en perspectiva la conducta de Calderón y Espinosa, no hay en realidad nada de qué sorprenderse. Ambos se comportan como militantes y representantes de la extrema derecha, hoy y en mala hora, gobernante en México. Y como fieles expresiones del fascismo criollo, no cabía y no cabe esperar de ambos buena disposición para tratar a un gobierno socialista que para la extrema derecha es una entidad maldita.

Pero con todo y su derechismo, ni Calderón ni Espinosa pueden actuar franca y abiertamente contra Cuba. Porque en México existen fuerzas sociales, culturales, políticas y económicas que simpatizan (o al menos ven con admiración y respeto a la isla). Y esas fuerzas, que suman decenas de millones de personas y cientos de organizaciones, son un poderoso obstáculo para el accionar libre de Calderón y Espinosa contra Cuba.

De ahí la necesidad del proceder untuoso, sibilino, meándrico de Felipe y Patricia. No quieren enfrentarse con universidades, sindicatos, organizaciones agrarias, intelectuales, empresarios nacionalistas, cámaras de comerciantes e industriales que desean hacer negocios en Cuba y con Cuba, profesores de todos los niveles educativos, gobiernos estatales y municipales, periodistas críticos y partidos políticos y otros organismos progresistas, democráticos o de izquierda. Queriendo romper con Cuba, ni Felipe ni Patricia quieren pleito y mayor distanciamiento con esos ciudadanos y organizaciones.

De cualquier modo, siempre será positivo para Cuba y para las fuerzas nacionalistas y antiimperialistas mexicanas conocer la verdadera vocación anticubana de Calderón y Espinosa. Este conocimiento permite no albergar esperanzas (como ocurrió en el desastroso gobierno foxista) de buena disposición azul hacia el gobierno socialista de Cuba.

Porque a pesar de lo torcido del procedimiento en la Cámara de Senadores, las señales de la animadversión calderónica contra Cuba son muy claras. Y ya reconfirmada esa animadversión, las fuerzas mexicanas de toda índole que simpatizan, admiran y respetan a Cuba sabrán y podrán acrecentar y fortalecer sus nexos con la isla, al margen y en contra de la voluntad del gobierno de Calderón.

www.miguelangelferrer-mentor.com.mx
Publicado en El Sol de México, 9-04-10

Garzón obtiene el apoyo de jueces y fiscales progresistas.


Advierten de que la imputación del magistrado por investigar el franquismo cuestiona los compromisos de España en materia de derechos humanos

Público.es por Íñigo Aduriz

La lucha para reparar la memoria de las víctimas del franquismo sigue siendo necesaria tres décadas después del final de la dictadura. Esta es la principal conclusión a la que han llegado varias organizaciones de magistrados, jueces y fiscales progresistas, que ayer suscribieron un comunicado de apoyo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que será juzgado por el Tribunal Supremo por prevaricación tras intentar investigar los crímenes de la dictadura.

Las asociaciones justificaron la instrucción del juez. "Respondía a requerimientos del derecho internacional, a la lucha contra la impunidad de los más graves crímenes contra la comunidad internacional, a la promoción y defensa de los derechos humanos y a la necesidad de abrir nuevos espacios para la persecución", explicaron.

Son los mismos argumentos que sirvieron a la Audiencia Nacional para "sentar en el banquillo a dictadores y torturadores, genocidas, criminales de guerra" al asumir competencias de jurisdicción universal", recalcaron en el texto.

Frente a estos principios, los firmantes denunciaron que "se ha abierto el camino para que los herederos del franquismo sienten en el banquillo a un juez que se había comprometido en la lucha por los derechos". Y consideraron que la causa contra Garzón "rompe los valores constitucionales" y "pone en cuestión los compromisos internacionales en materia de derechos humanos adquiridos por el Estado español". "Para los que compartimos idénticos principios [la causa supone] un hecho doloroso e injustificable en cuanto significa el resurgir de (des)valores (sic) que siempre hemos rechazado", advirtieron.
Un compromiso histórico

Este compromiso con los derechos humanos forma parte de la historia de las principales asociaciones firmantes del manifiesto. Jueces para la Democracia (JpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF) surgieron a raíz de la extinta Justicia Democrática. Ésta nació bajo la dictadura franquista, y durante años propugnó la "instauración de un régimen democrático y la devolución de los derechos a la sociedad".

Ayer, JpD y UPF reconocieron que "la sociedad española ha progresado", pero lamentaron que "todavía subsistan algunos temas pendientes como consecuencia del olvido del pasado". Uno de los más importantes es, a juicio de las asociaciones, que "la democracia no ha sido capaz de reparar la memoria de las víctimas" del franquismo.

Todavía convivimos, señalaron, con "la vergüenza nacional" de miles de personas cuyos restos permanecen "indignamente enterrados" en fosas comunes, y apuntaron que a nivel judicial, "ninguna responsabilidad ha sido establecida por la autoría de tan horrendos crímenes". En el texto destacaron que esa impunidad es "una verdadera excepción en nuestro ámbito" y que "resulta particularmente hiriente si se considera que la jurisdicción española ha sido capaz de perseguir a criminales contra la humanidad cometidos en otros países".

El manifiesto también intentó desmontar los argumentos del juez Luciano Varela que motivaron la imputación de Garzón. "Cuestionar la Ley de Amnistía con base en el derecho internacional, que niega validez a las normas de impunidad de los crímenes internacionales, no puede ser un hecho delictivo, porque entra en la función del juez ponderar las normas que debe aplicar", apuntaron.
El regreso de los falangistas

El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, se refirió ayer al hecho de que la imputación de Garzón haya sido provocada por la denuncia de, entre otros, Falange Española, heredero de las consignas franquistas. "No me gustaría que los falangistas ganaran de nuevo la batalla", reconoció en referencia al resultado de la Guerra Civil.

Por otro lado, y en la misma línea que han mantenido los conservadores desde que se conoció la causa contra el juez, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, aseguró que "si alguien ha vulnerado la ley pues tendrá que juzgarle quien corresponda que le juzgue". El único que se ha salido de la disciplina conservadora es el secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzabal, que consideró el jueves "lamentable que Garzón se tenga que sentar en el banquillo acusado por la Falange".