Garzón obtiene el apoyo de jueces y fiscales progresistas.

Advierten de que la imputación del magistrado por investigar el franquismo cuestiona los compromisos de España en materia de derechos humanos

Público.es por Íñigo Aduriz

La lucha para reparar la memoria de las víctimas del franquismo sigue siendo necesaria tres décadas después del final de la dictadura. Esta es la principal conclusión a la que han llegado varias organizaciones de magistrados, jueces y fiscales progresistas, que ayer suscribieron un comunicado de apoyo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que será juzgado por el Tribunal Supremo por prevaricación tras intentar investigar los crímenes de la dictadura.

Las asociaciones justificaron la instrucción del juez. "Respondía a requerimientos del derecho internacional, a la lucha contra la impunidad de los más graves crímenes contra la comunidad internacional, a la promoción y defensa de los derechos humanos y a la necesidad de abrir nuevos espacios para la persecución", explicaron.

Son los mismos argumentos que sirvieron a la Audiencia Nacional para "sentar en el banquillo a dictadores y torturadores, genocidas, criminales de guerra" al asumir competencias de jurisdicción universal", recalcaron en el texto.

Frente a estos principios, los firmantes denunciaron que "se ha abierto el camino para que los herederos del franquismo sienten en el banquillo a un juez que se había comprometido en la lucha por los derechos". Y consideraron que la causa contra Garzón "rompe los valores constitucionales" y "pone en cuestión los compromisos internacionales en materia de derechos humanos adquiridos por el Estado español". "Para los que compartimos idénticos principios [la causa supone] un hecho doloroso e injustificable en cuanto significa el resurgir de (des)valores (sic) que siempre hemos rechazado", advirtieron.
Un compromiso histórico

Este compromiso con los derechos humanos forma parte de la historia de las principales asociaciones firmantes del manifiesto. Jueces para la Democracia (JpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF) surgieron a raíz de la extinta Justicia Democrática. Ésta nació bajo la dictadura franquista, y durante años propugnó la "instauración de un régimen democrático y la devolución de los derechos a la sociedad".

Ayer, JpD y UPF reconocieron que "la sociedad española ha progresado", pero lamentaron que "todavía subsistan algunos temas pendientes como consecuencia del olvido del pasado". Uno de los más importantes es, a juicio de las asociaciones, que "la democracia no ha sido capaz de reparar la memoria de las víctimas" del franquismo.

Todavía convivimos, señalaron, con "la vergüenza nacional" de miles de personas cuyos restos permanecen "indignamente enterrados" en fosas comunes, y apuntaron que a nivel judicial, "ninguna responsabilidad ha sido establecida por la autoría de tan horrendos crímenes". En el texto destacaron que esa impunidad es "una verdadera excepción en nuestro ámbito" y que "resulta particularmente hiriente si se considera que la jurisdicción española ha sido capaz de perseguir a criminales contra la humanidad cometidos en otros países".

El manifiesto también intentó desmontar los argumentos del juez Luciano Varela que motivaron la imputación de Garzón. "Cuestionar la Ley de Amnistía con base en el derecho internacional, que niega validez a las normas de impunidad de los crímenes internacionales, no puede ser un hecho delictivo, porque entra en la función del juez ponderar las normas que debe aplicar", apuntaron.
El regreso de los falangistas

El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, se refirió ayer al hecho de que la imputación de Garzón haya sido provocada por la denuncia de, entre otros, Falange Española, heredero de las consignas franquistas. "No me gustaría que los falangistas ganaran de nuevo la batalla", reconoció en referencia al resultado de la Guerra Civil.

Por otro lado, y en la misma línea que han mantenido los conservadores desde que se conoció la causa contra el juez, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, aseguró que "si alguien ha vulnerado la ley pues tendrá que juzgarle quien corresponda que le juzgue". El único que se ha salido de la disciplina conservadora es el secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzabal, que consideró el jueves "lamentable que Garzón se tenga que sentar en el banquillo acusado por la Falange".