Justicia para las familias de más de 114 mil desaparecidos en España.

Juicio a Garzón: España es la que incumple
Irene Selser
Considerados como escandalosos por un abanico de voces en todo el mundo, entre ellas Amnistía Internacional, los cargos contra el juez español Baltasar Garzón, de 54 años, por investigar las desapariciones del franquismo, han levantado una ola de rechazo en particular en Sudamérica, la región más favorecida por los procesos que el jurista abrió para reactivar la justicia universal.
Lo que hizo Garzón desde que emitió en 1998 la orden de arresto contra el senador vitalicio y ex dictador chileno Augusto Pinochet, por entonces de visita en Londres, fue recordar que los crímenes de lesa (o contra la) humanidad nunca caducan, ni tampoco pueden verse favorecidos los criminales con leyes de perdón o “amnesia” (amnistía). No pueden, asimismo, eludir la responsabilidad de sus actos, aquellos oficiales o tropa que hubiesen torturado o matado bajo el argumento de la “obediencia debida”, ante la cual los subalternos pueden oponer la “objeción de conciencia”.
El primer precedente jurídico al respecto se remonta a 1946, cuando en la ciudad alemana de Nüremberg quedó instalado el primer Tribunal Internacional Militar para juzgar al alto mando nazi por sus atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial. Nunca antes se había celebrado un juicio contra los líderes de un país soberano, tras perder una guerra contra otros países, ya que no existía un derecho internacional reconocido por todas las partes. A instancias de Winston Churchill, quien urgió a que “el castigo por esos crímenes debiera tener lugar cuando se produjera un desenlace definitivo de la contienda”, el Tribunal fue finalmente creado, en agosto de 1945, por acuerdo de los 26 países que habían luchado contra Alemania.
Y si bien nadie quedó del todo satisfecho con los resultados de Nüremberg —que de 800 dirigentes nazis detenidos terminó juzgando a 21—, dicho proceso fue el germen de la Organización de las Naciones Unidas, como un ámbito jurídico internacional para evitar las guerras y mantener la paz, cuya potestad y leyes están por encima de la soberanía de los Estados.
He aquí el punto medular que está detrás del juicio abierto por la ultraderecha española contra el juez Garzón: aun cuando en España exista una ley de amnistía que impide juzgar los crímenes del franquismo, para la ONU nunca puede considerarse un acto criminal investigar violaciones de derechos humanos o cuestionar la legalidad de una ley de amnistía porque ésta no se aplica a los crímenes contra la humanidad.
Más bien, es España la que ha incumplido sus obligaciones internacionales, al impedir hacer justicia para las familias de las 114,266 personas que se estima desaparecieron durante la dictadura.
Publicado en Milenio diario, 26 de abril de 2010.