Indignación internacional por el atentado en Oaxaca

Los reporteros de "Contralínea" David Cilia y Érika Ramírez. Nos solidarizamos con ellos y los demás desaparecidos y las familias de los caídos.

La indignación internacional y nacional por los asesinatos de la activista Beatriz Alberta Cariño y el finlandés Jyri Jaakola, las heridas a 15 compañeros y la desaparición de cuatro más, entre éstos últimos los periodistas de la revista "Contralínea", Érika Ramírez y David Cilia, crece exponencialmente al tiempo que se considera "un precedente funesto para los defensores de derechos humanos y luchadores sociales en la historia de este país", refiere una misiva publicada en el periódico La jornada.

Apoyada con firmas del calibre de Noam Chomsky, John Holloway y Tariq Alí, por mencionar unas cuantas de ellas, se exige a las autoridades estatales y federales la presentación con vida de los desparecidos, así como la sanción contra los culpables intelectuales y materiales del atentado.

A contracorriente el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz se ha lavado las manos una vez más y luego de considerar que se trató de "un enfrentamiento entre activistas", recurrió al viejo argumento -como en su momento en Chiapas-, de responsabilizar a los "extranjeros" de lo que pudo haber sucedido ahí.

También otras organizaciones como Amnistía Internacional y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se ha sumado a las voces que cuestionan el ataque, sobre todo por haberse tratado de un grupo pacífico de defensoeres de derechos, desarmado, cuya misión era la de llevar víveres a los los habitantes de San Juan Copala, población que sufre aislamiento desde hace meses.

El periodista Miguel Badillo, quien viajó ya a las inmediaciones de Copala, ha recibido diversos testimonios sobre la intensidad del ataque con armas de alto poder, por lo que demandó la intervención de la Secretaría de Gobernación para recuperar el control de área y buscar a los desaparecidos, toda vez que las policías locales le afirmaron que no patrullarán la zona por temor a ser "cazados" por los paramilitares.

Integrantes de la Caravana de Apoyo y Solidaridad con el Municipio Autónomo de San Juan Copala, como se denominó el grupo atacado, acusó al Estado mexicano por no cumplir con sus obligaciones de prevenir y proteger el derecho a la vida al no brindar la protección adecuada y no generar las condiciones para erradicar las agresiones por parte de agentes estatales o de particulares en contra de los defensores de derechos humanos".

Acteal, Aguas Blancas, hoy Copala, las indígenas presas por "secuestro", ejemplos que nos estallán en la cara cuando apenas ayer el representante de Amnistía Internacional afirmó que apoyan a México en su lucha contra la discriminatoria ley de Arizona, pero también propone a nuestro país hacer algo para respetar los derechos humanos contra migrantes centroamericanos y por supuesto, agregamos, para todo los mexicanos.

Legisladores perredistas exigieron el pronto esclarecimiento de éste "criment de odio" mismo que hoy mismo será llevado a la tribuna de ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Despúes de 4 años recuperarán su libertad Teresa y Alberta.

En la foto con Jacinta, la otra víctima de la "venganza" de los AFI
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación inmediata de las indígenas queretanas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes habían sido sentenciadas a 21 años de prisión, por considerar que no se comprobaron ni se acreditaron los delitos que se les fincaron.
De manera unánime, los ministros absolvieron a Alberta y a Teresa de las acusaciones que formuló en su contra la Procuraduría General de la República, quien las responsabilizó de secuestrar a seis policías de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI). Y dejaron en claro que tampoco se comprobó la acusación que se formuló en contra de Alberta Alcántara en el sentido de que había sido detenida en posesión de cocaína, pues lo único que sostenía esta acusación era el dicho de uno de los agentes federales.
Para agilizar su salida del Centro de Readaptación Social (Cereso) femenil de San José El Alto, los ministros de la Corte acordaron enviarle al juez, de momento, sólo los puntos resolutivos (debido a que la redacción final de la sentencia tardará unos días más), para que él, a su vez, les notifique de la decisión a las autoridades penitenciarias. Esta determinación podría permitir que Alberta y Teresa queden en libertad hoy mismo.
La ministra Olga Sánchez Cordero le presentó a sus compañeros un proyecto de sentencia en el que propuso revocar la sentencia del juez cuarto de distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longh, quien las había sentenciado a 21 años de prisión.
El proyecto contó con el respaldo de los cinco ministros de la Primera Sala de la Corte. Al referirse al caso, la ministra Olga Sánchez Cordero, explicó que no se comprobó el delito de secuestro que se les atribuyó a Teresa y Alberta. Porque, dijo, "en esta modalidad es indispensable que la privación ilegal de la libertad fue con la finalidad de obtener un rescate. No se concreta a exigir el acto material de la privación de la libertad de una persona".
El ministro Arturo Zaldívar destacó la gravedad de este caso y advirtió que con esta decisión no sólo se gana la libertad de Alberta y Teresa, sino que se establece un precedente para evitar que en el futuro se repitan casos como este.
En especial, dijo, porque "nos lleva a pensar que es una práctica común de vulneración de los derechos humanos" y porque se convierte en "una vergüenza para el sistema de justicia". Desde un principio, dijo, este caso "olía a una injusticia" que se agravó por la discriminación que sufrieron dos mujeres de origen indígena.
Publicado en El Universal / Carlos Avilés
28-04-10

La administración de venganza no puede substituir a la justicia: Álvarez Icaza.

Emilio Álvarez Icaza L.
“…inche india…”
…le espetó el agente federal cuando la detuvo y agregó colérico “nunca antes se han atrevido a contradecirme… y menos, que una pinche india como tú me levante la voz”. Ya en las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), le dijeron a las tres indígenas detenidas, en tono de amenaza, “no descansaremos hasta verlas en la cárcel… con 50 años de condena, así van a aprender y seguro no lo volverán a hacer ustedes ni ningún otro indio”.
Tanto a Alberta como a Teresa, indígenas otomíes, recluidas en el Centro Preventivo de Ejecución de Sanciones Penales Femenil en San José el Alto Querétaro, y condenadas a 21 años de prisión, no les queda duda, es una venganza por haberse atrevido a defender sus derechos, por pedirle a los agentes de la extinta AFI que se identificaran, por exigir que enseñaran un documento oficial que acreditara su labor, toda vez que ni uniforme portaban el día del operativo.
Me entrevisté con ellas, junto con otros profesores de la Universidad Autónoma de Querétaro, el pasado sábado 24 de abril en el reclusorio, ahí las conocí personalmente. No se sale del asombro al constar su estatura física ¡1.55 y 1.48 metros! Ante lo increíble de la denuncia y luego de la condena judicial cabe abrir la puerta a la más cruda propuesta: si estos hechos fueran ciertos habría que proponer al secretario García Luna la integración de, al menos, tres comandos integrados exclusivamente por mujeres otomíes: sí tres de ellas, sin mostrar fiereza alguna, “secuestraron a seis afis”, ¡lo que no harán 150!
Como ha quedado demostrado en el caso de Jacinta Francisco Marcial y en el propio seguimiento jurídico realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en los casos de Alberta y Teresa las irregularidades, inconsistencias e ilegalidades del proceso son más que evidentes y alarmantes. La pregunta sobre la seriedad y responsabilidad con la que el juez Rodolfo Pedraza desempeñó su función es cada vez más difícil de responder. Igualmente resulta difícil entender la labor del magistrado Eduardo López.
Nadie regresará a estas mujeres los casi cuatro años vividos en reclusión, así como los muchos daños a sus familiares durante todo este tiempo. Lo que sí puede hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es regresarles a ellas, y de paso a toda la sociedad, algo de confianza y esperanza en las instituciones de justicia de este país.
Este caso no sólo es emblemático por ellas, sino porque puede sentar un poderoso precedente de no repetición para evitar que las mujeres indígenas vivan éstas y otras arbitrariedades. El padre de Alberta sintetizó, en una sola pregunta dirigida al agente que detuvo a su hija lo que muchos nos interrogamos con respecto al Estado mexicano: “¿por qué si te tratamos bien, tú nos tratas así?”
En este caso, también, la SCJN tiene la oportunidad de mandar un poderoso mensaje de que la administración de venganza no puede substituir a la justicia, no, al menos, en un Estado democrático de derecho.
emilioalvarezicaza@gmail.com
Públicado en El Universal

Propone la Senadora Yeidckol Polevnsky al Senado apoyar la lucha de los migrantes mexicanos en EUA.

Ningún ser humano es humanamente ilegal
José Saramago
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE LA SENADORA YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ, MEDIANTE EL CUAL EL SENADO DE LA REPÚBLICA RESUELVE APOYAR LA LUCHA DE LOS MIGRANTES Y CONDENA POR DISCRIMINATORIA LA LEY DE INMIGRACIÓN, APLICACIÓN DE LA LEY Y VECINDARIOS SEGUROS (SB1070) APROBADA EN ARIZONA.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CÁMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Senadora de la Republica del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, (PRD) someto a la consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo mediante el cual el Senado de la República resuelve apoyar la lucha de los migrantes y condena por discriminatoria la Ley Antimigrante aprobada en el Estado de Arizona.

Consideraciones

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por Resolución de la Asamblea General de la ONU de 10 de diciembre de 1948 establece que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.

Los Estados Miembros se comprometieron a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre.

El Artículo 1. señala que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

El Artículo 2. dispone: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

El Artículo 7. “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”.

Artículo 23. “1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

El escritor Portugués José Saramago resume los postulados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con su observación de que “ningún ser humano es humanamente ilegal”.

El pasado 23 de abril de 2010 en el estado de Arizona Estados Unidos se promulgó la Ley de Inmigración, Aplicación de la Ley y Vecindarios Seguros (SB1070) aprobada por la legislatura estatal de Arizona y suscrita por la Gobernadora Janet Brewer.

Antes de la aprobación de esta ley, los inmigrantes, principalmente mexicanos, ya tenían prácticamente abarrotadas las cárceles de Arizona que han sido concesionadas a empresas carcelarias privadas y que se han convertido en un negocio con grandes ganancias. Los detenidos por razones migratorias, en razón de las cuotas de detención per capita impuestas a las policías y agentes migratorios, casi duplican al número de personas sentenciadas por otros delitos.

Estadísticas recientes indican que del 100% de las sentencias, el 80% de los casos corresponde a migrantes latinos, según estadísticas de la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos.

Los delitos más recurrentes son en el primer lugar inmigración indocumentada con 53.45% de sentencias, la mayoría con penas superiores a un año y en segundo el tráfico-consumo de drogas con 31.09% de sentencias, la mayoría con penas que fluctúan entre 13 y 24 meses.

En Estados Unidos, en abril de 2005 se conformó el proyecto “Minuteman” en California Estados Unidos, para “disuadir y denigrar las travesías de indocumentados por la frontera de Estados Unidos y México”; pronto tuvo eco en Arizona y un grupo estaba construyendo una cerca privada en Palominas Arizona a lo largo de la frontera.

El estado fronterizo de Arizona ha sido tradicionalmente el mas agresivo en contra de los migrantes, con sus tristemente celebres “caza migrantes” o “Rangers” a los que se sumaron los “Minuteman” muchos de ellos voluntarios que han llegado a cometer “crímenes de odio” y han agredido y vejado a mujeres, hombres y niños que intentan pasar para buscar trabajo en ese estado o trasladarse a otros estados mas al norte.

Esta legislación, convierte a Arizona en la primera entidad estadounidense en criminalizar aspectos relacionados con extranjeros, y en acrecentar sus implicaciones en los reglamentos federales de inmigración, pasa por ello a ser la ley más racista, discriminatoria e injusta de toda la Unión Americana.

En Estados Unidos esta nueva ley aprobada en Arizona:

• Criminaliza al migrante indocumentado como “transgresor” en el estado de Arizona.

• Da poder a las autoridades para detener y sentenciar a las y los trabajadores indocumentados y a sus familias.

• En algunos casos, las y los trabajadores indocumentados y sus familias podrán ser acusados de delitos graves.

• Legaliza las detenciones raciales permitiendo que la policía detenga a cualquier persona “sospechosa” por su aspecto, de ser indocumentada.

• Da a la policía la autoridad de arrestar a personas que no presenten en el momento documentación que compruebe su estancia legal en los EEUU.

• Da a la policía el poder de investigar y detener a empleadores por contratar a trabajadores indocumentados

• Convierte en delito, que los jornaleros urbanos indocumentados soliciten trabajo en la vía publica.

• Obliga a que toda persona, sin importar su condición migratoria o ciudadanía, porte papeles de identificación o ser sujetos a la detención y hasta la deportación; como sucedía en la Alemania nazi.

• Dependencias públicas y proveedores de servicios estarán obligadas a exigir documentos de identificación para atender a cualquier persona.

• Al llenar “los vacíos en las capacidades de detención” probablemente conducirá al uso de la policía para aterrorizar a las comunidades migrantes.

Detener a un individuo para saber si es inmigrante o no, simplemente por su aspecto físico, violenta sus derechos humanos elementales y es una transgresión a las normas jurídicas internacionales.

El propio presidente Barack Obama calificó de “irresponsable” esta ley, reiteró la necesidad de una “reforma integral” y reconoció que hay ausencia de una legislación federal adecuada.

El presidente Obama aceptó que la iniciativa estuvo mal dirigida y cuestionó su legalidad, ordenando una evaluación de las posibles consecuencias sobre los derechos civiles.

Obama señaló que el resultado de no actuar de manera responsable a nivel federal abre la puerta a la irresponsabilidad de otros, y eso incluye la reciente ley en Arizona, lo cual amenaza con minar el concepto de justicia que tienen como estadounidenses.

Existe en Estados Unidos una fuerte oposición a esta ley, con firmes expresiones de condena, desde el arzobispo de Los Ángeles, cardenal Roger Mahony –quien la comparó con el nazismo,- hasta las principales organizaciones latinas y de defensa de migrantes nacionales, así como sindicatos y políticos.

Desde la presentación del proyecto en la legislatura estatal de Arizona se intensificaron campañas locales y nacionales contra la iniciativa, líderes sociales pronostican que la aprobación de esta ley provocará una gran movilización el próximo primero de mayo en Estados Unidos a favor de los inmigrantes.

El Tribunal Internacional de Conciencia con sede en la Ciudad de México, investigará, documentará, y dará seguimiento a violaciones de los derechos y dignidad de migrantes, en todo el mundo.

Este tribunal internacional ha iniciado su indagación de las implicaciones de la aprobación de la ley SB 1070 en Arizona ya que más de 400,000 personas de origen mexicano y latinoamericano serán afectadas por sus medidas que transforman a cualquier persona "sospechosa" de ser migrante indocumentado en blanco de persecución policial

En una primera reacción, el gobierno de México lamentó que en la aprobación de esta iniciativa no se haya tomado en cuenta la valiosa aportación de los migrantes a la economía, la sociedad y la cultura de ese estado. La criminalización, puntualizó, no es el camino para resolver el fenómeno de la migración indocumentada.

La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Espinosa Cantellano, consideró que la ley suscrita afecta la relación entre Arizona y México y obliga a las autoridades mexicanas a plantearse la viabilidad y la utilidad de los esquemas de cooperación que se han desarrollado con ese estado; dijo que se utilizarán todos los recursos al alcance para defender los derechos y dignidad de los connacionales que radican en la citada entidad fronteriza.

México se mantuvo en todo momento atento al proceso de aprobación, autoridades nacionales, federales y estatales se acercaron a legisladores y funcionarios de todos los niveles de Arizona para transmitir sus preocupaciones frente a la eventual aprobación de la ley, sin obtener resultados positivos.

Es justo reconocer la firme posición de la Canciller mexicana que señaló que “la criminalización no es el camino para resolver la migración indocumentada. La existencia de mercados laborales transfronterizos exige soluciones integrales y de largo plazo. La corresponsabilidad, la confianza y el respeto mutuo deben ser la base para atender los retos compartidos en América del Norte”.

Es imperativo solicitar el reconocimiento a la fundamental contribución que hacen los migrantes a la economía, la cultura y la sociedad en Arizona y en toda la Unión Americana.

Este instrumento jurídico traerá medidas represivas, racistas y agresivas que afectan los derechos humanos de miles de ciudadanos mexicanos, en el Congreso no podemos permanecer indiferentes.

Por todo esto someto a esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, solicitando se considere de urgente u obvia resolución y se ponga a consideración de inmediato:

Punto de Acuerdo:

PRIMERO. Las y los Senadores de la República apoyan y se solidarizan con los miles de compatriotas que se encuentran luchando en contra de esta ley aprobada en Arizona que afecta sus derechos humanos.

SEGUNDO: El Senado de la República reconoce la posición del Presidente de los Estados Unidos Barack Obama respecto a esta ley y su reconocimiento a la necesidad de contar con una reforma integral, justa y humana.

TERCERA: Las Senadoras y Senadores de la República nos pronunciamos por el reconocimiento a la aportación que los mexicanos residentes en Estados Unidos hacen al crecimiento de la economía en todos los estados en que se encuentran e independientemente de su calidad migratoria

CUARTA: Rechazamos firmemente cualquier forma de discriminación, racismo o xenofobia en contra de nuestros hermanos mexicanos residentes en Estados Unidos y manifestamos la necesidad de una reforma federal integral, justa y humana que regularice la situación de los mexicanos residentes en aquel país, antes de que entre en vigor la ley aprobada en Arizona.


Yeidckol Polevnsky Gurwitz

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veintisiete días del mes de abril de dos mil diez.

El calderonato decidió que decenas de miles de vidas humanas podían ser sacrificadas en la guerra impuesta al país: Pedro Miguel

Defensas
Suena bien eso de defender a los mexicanos expuestos a la legislación racista, hipócrita y paranoica, recientemente aprobada en Arizona: envolverse en una bandera nacional y arrojarse con heroísmo por la empinada ladera de las declaraciones, sin olvidar el adjetivo indeclinable.
El heroísmo de Calderón en defensa de los connacionales va acompañado por otros actos sublimes. El señor Gómez Mont se siente a salvo porque se pone enfrente, porque protege a los suyos y porque desprecia a los cobardes que tienen miedo. Es una persona excepcional: su valentía a toda prueba tiene, además, la coadyuvancia de un blindaje nivel 4 y de una nube de guaruras que lo salvan de todo mal. Los mexicanos comunes y corrientes (quién les manda) viven en pánico no sólo frente a las granadas y los AK-47, sino también (qué cobardes) ante una pistola .22 o un cuchillo, blandidos por una delincuencia modesta pero casi siempre impune. Y cuando la carcacha de una familia cualquiera pasa al lado de un retén militar, es muy posible que el conductor o la conductora se mueran mil veces de susto y aparezcan en su mente las imágenes de padres, madres e hijos cosidos a balazos por los gatillos nerviosos de los efectivos castrenses. Las fuerzas armadas están para abatir la capacidad de fuego de los delincuentes, pero de cuando en cuando se escabechan también a estudiantes, a campesinos, a señoras que iban de compras o a señores que nomás estaban en su casa viendo la tele pero que tenían cara de narcos.
Y es que, por las razones que hayan sido –confesables o no–, el calderonato decidió que decenas de miles de vidas humanas podían ser sacrificadas en la guerra impuesta al país, optó por la destrucción de la seguridad pública y determinó que, en lo sucesivo, y durante un tiempo indefinido, los mexicanos no sólo tendrían que temer por su comida, sino también por su vida.
Por las razones que sea: por un honesto compromiso con la vigencia del estado de derecho; o por el afán de hacer demostraciones prácticas de garrotes, tanquetas y artillería a una población exasperada; o porque había que obedecer el dictado neocolonial implícito en la Iniciativa Mérida; o por personales pulsiones patológicas de destrucción (“I want all the toys”, dice Calderón, festinando su propio chiste, en referencia a las armas de alto poder de una serie policial, mientras sus gobernados, delincuentes y no, mueren como moscas); o porque se buscaba negociar, a balazos, un nuevo pacto entre los poderes políticos y empresariales que dictan las acciones del régimen, por un lado y, por el otro, los poderes del narcotráfico y las otras corporaciones que tienen en la infracción penal su ramo principal de actividades.
La otra parte del problema es que el calderonato decidió seguir y profundizar un modelo económico que hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, que genera desempleo y miseria y obliga a muchos a dejar sus lugares de origen o residencia y a buscar mejor suerte en otro lado, en Arizona, por ejemplo, donde de seguro no los tratarán peor que en su propio país.
Pero es de mal gusto hablar de eso, sobre todo ahora, cuando la economía se encuentra en franca recuperación, así sea en el terreno de las percepciones.
Tal vez las escenificaciones oficiales logren distraer la atención, así sea por un momento, de un dato incómodo: el gobierno de Felipe Calderón da a la mayoría de los mexicanos un trato peor que el que cabe esperar –y temer– de las autoridades de Arizona, si es que éstas llegan a estrenar los dientes que les conferiría esa ley ciertamente infame, pero de futuro dudoso.
En lo inmediato, los connacionales que se ganan el sustento en la tierra de la implacable Jan Brewer se están defendiendo muy bien, ellos solos, mediante movilizaciones y acciones de resistencia.
Quienes, a pesar de todo, se quedan de este lado, no han cejado en su defensa contra la ofensiva económica, legislativa, propagandística y represiva que el régimen mantiene contra la mayoría de la población. Si la gente tiene éxito en defenderse, aquí, de Calderón, Gómez Mont, Carstens, Lozano Alarcón, García Luna y compañía, no tendrá que irse del país a trabajar, a padecer y a defender su vida y su dignidad frente a canalladas racistas y electoreras como la engendrada por los legisladores y la gobernadora de Arizona.
navegaciones@yahoo.com - http://navegaciones.blogspot.com
Publicado en La Jornada, 27-04-010

Washington Post: exhibe México incompetencia en lucha antinarco

Comunes, arrestos “con fanfarrias” en casos que luego se caen, como el de alcaldes michoacanos, indicó.
México, DF. El sistema judicial mexicano exhibe su ineficiencia en la lucha contra el crimen organizado al arrestar “con fanfarrias” a sospechosos en casos que luego se caen, señaló este lunes en un reportaje el diario de Washington Post.
"Es común en México que los sospechosos por drogas sean arrestados con fanfarrias y que sus casos criminales se caigan más adelante", señala un texto en portada del periódico impreso firmado por William Booth.
El periodista refiere en específico el caso de los 10 alcaldes arrestados en Michoacán a mediados del año pasado por presuntos nexos con el narcotráfico, nueve de los cuales han sido liberados uno a uno y de manera “discreta” al no comprobarse los cargos.
El último fue liberado el viernes pasado tras 11 meses en prisión. La mayoría pudo reintegrarse a sus labores públicas, pero fueron sometidos a largos interrogatorios diarios, al aislamiento y se les prohibía ver a sus familiares e incluso a abogados, narraron en entrevista.
Cuando los alcaldes fueron arrestados mucha gente pensó “¡al fin!”, refirió un maestro del ITAM citado por el Post y añadió: “Es una muestra de que el gobierno no es capaz de realizar una investigación sustentada y armar un caso fuerte o que los arrestos tuvieron una motivación política”.
El gobierno de Felipe Calderón, acota el texto del diario, “no ha arrestado a ningún político en otros estados”, sólo en Michoacán, gobernado por el opositor PRD.
En la lucha antinarco, el gobierno federal ha sacado al Ejército y la Marina a las calles y ha disminuido los poderes de las policías locales, quitándole incluso sus armas, ante sospechosas de corrupción y de estar coludidas con el crimen organizado.
José Cortés Ramos, alcalde de Aquila, uno de los ediles detenidos y liberado tras un mes en prisión, cuestionó, según el Post, cómo es posible que la policía local pueda ofrecer protección a la ciudadanía si no está armada.
La Jornada en línea
Publicado: 26/04/2010 12:15

Justicia para las familias de más de 114 mil desaparecidos en España.

Juicio a Garzón: España es la que incumple
Irene Selser
Considerados como escandalosos por un abanico de voces en todo el mundo, entre ellas Amnistía Internacional, los cargos contra el juez español Baltasar Garzón, de 54 años, por investigar las desapariciones del franquismo, han levantado una ola de rechazo en particular en Sudamérica, la región más favorecida por los procesos que el jurista abrió para reactivar la justicia universal.
Lo que hizo Garzón desde que emitió en 1998 la orden de arresto contra el senador vitalicio y ex dictador chileno Augusto Pinochet, por entonces de visita en Londres, fue recordar que los crímenes de lesa (o contra la) humanidad nunca caducan, ni tampoco pueden verse favorecidos los criminales con leyes de perdón o “amnesia” (amnistía). No pueden, asimismo, eludir la responsabilidad de sus actos, aquellos oficiales o tropa que hubiesen torturado o matado bajo el argumento de la “obediencia debida”, ante la cual los subalternos pueden oponer la “objeción de conciencia”.
El primer precedente jurídico al respecto se remonta a 1946, cuando en la ciudad alemana de Nüremberg quedó instalado el primer Tribunal Internacional Militar para juzgar al alto mando nazi por sus atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial. Nunca antes se había celebrado un juicio contra los líderes de un país soberano, tras perder una guerra contra otros países, ya que no existía un derecho internacional reconocido por todas las partes. A instancias de Winston Churchill, quien urgió a que “el castigo por esos crímenes debiera tener lugar cuando se produjera un desenlace definitivo de la contienda”, el Tribunal fue finalmente creado, en agosto de 1945, por acuerdo de los 26 países que habían luchado contra Alemania.
Y si bien nadie quedó del todo satisfecho con los resultados de Nüremberg —que de 800 dirigentes nazis detenidos terminó juzgando a 21—, dicho proceso fue el germen de la Organización de las Naciones Unidas, como un ámbito jurídico internacional para evitar las guerras y mantener la paz, cuya potestad y leyes están por encima de la soberanía de los Estados.
He aquí el punto medular que está detrás del juicio abierto por la ultraderecha española contra el juez Garzón: aun cuando en España exista una ley de amnistía que impide juzgar los crímenes del franquismo, para la ONU nunca puede considerarse un acto criminal investigar violaciones de derechos humanos o cuestionar la legalidad de una ley de amnistía porque ésta no se aplica a los crímenes contra la humanidad.
Más bien, es España la que ha incumplido sus obligaciones internacionales, al impedir hacer justicia para las familias de las 114,266 personas que se estima desaparecieron durante la dictadura.
Publicado en Milenio diario, 26 de abril de 2010.