Despúes de 4 años recuperarán su libertad Teresa y Alberta.

En la foto con Jacinta, la otra víctima de la "venganza" de los AFI
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación inmediata de las indígenas queretanas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes habían sido sentenciadas a 21 años de prisión, por considerar que no se comprobaron ni se acreditaron los delitos que se les fincaron.
De manera unánime, los ministros absolvieron a Alberta y a Teresa de las acusaciones que formuló en su contra la Procuraduría General de la República, quien las responsabilizó de secuestrar a seis policías de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI). Y dejaron en claro que tampoco se comprobó la acusación que se formuló en contra de Alberta Alcántara en el sentido de que había sido detenida en posesión de cocaína, pues lo único que sostenía esta acusación era el dicho de uno de los agentes federales.
Para agilizar su salida del Centro de Readaptación Social (Cereso) femenil de San José El Alto, los ministros de la Corte acordaron enviarle al juez, de momento, sólo los puntos resolutivos (debido a que la redacción final de la sentencia tardará unos días más), para que él, a su vez, les notifique de la decisión a las autoridades penitenciarias. Esta determinación podría permitir que Alberta y Teresa queden en libertad hoy mismo.
La ministra Olga Sánchez Cordero le presentó a sus compañeros un proyecto de sentencia en el que propuso revocar la sentencia del juez cuarto de distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longh, quien las había sentenciado a 21 años de prisión.
El proyecto contó con el respaldo de los cinco ministros de la Primera Sala de la Corte. Al referirse al caso, la ministra Olga Sánchez Cordero, explicó que no se comprobó el delito de secuestro que se les atribuyó a Teresa y Alberta. Porque, dijo, "en esta modalidad es indispensable que la privación ilegal de la libertad fue con la finalidad de obtener un rescate. No se concreta a exigir el acto material de la privación de la libertad de una persona".
El ministro Arturo Zaldívar destacó la gravedad de este caso y advirtió que con esta decisión no sólo se gana la libertad de Alberta y Teresa, sino que se establece un precedente para evitar que en el futuro se repitan casos como este.
En especial, dijo, porque "nos lleva a pensar que es una práctica común de vulneración de los derechos humanos" y porque se convierte en "una vergüenza para el sistema de justicia". Desde un principio, dijo, este caso "olía a una injusticia" que se agravó por la discriminación que sufrieron dos mujeres de origen indígena.
Publicado en El Universal / Carlos Avilés
28-04-10

La administración de venganza no puede substituir a la justicia: Álvarez Icaza.

Emilio Álvarez Icaza L.
“…inche india…”
…le espetó el agente federal cuando la detuvo y agregó colérico “nunca antes se han atrevido a contradecirme… y menos, que una pinche india como tú me levante la voz”. Ya en las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), le dijeron a las tres indígenas detenidas, en tono de amenaza, “no descansaremos hasta verlas en la cárcel… con 50 años de condena, así van a aprender y seguro no lo volverán a hacer ustedes ni ningún otro indio”.
Tanto a Alberta como a Teresa, indígenas otomíes, recluidas en el Centro Preventivo de Ejecución de Sanciones Penales Femenil en San José el Alto Querétaro, y condenadas a 21 años de prisión, no les queda duda, es una venganza por haberse atrevido a defender sus derechos, por pedirle a los agentes de la extinta AFI que se identificaran, por exigir que enseñaran un documento oficial que acreditara su labor, toda vez que ni uniforme portaban el día del operativo.
Me entrevisté con ellas, junto con otros profesores de la Universidad Autónoma de Querétaro, el pasado sábado 24 de abril en el reclusorio, ahí las conocí personalmente. No se sale del asombro al constar su estatura física ¡1.55 y 1.48 metros! Ante lo increíble de la denuncia y luego de la condena judicial cabe abrir la puerta a la más cruda propuesta: si estos hechos fueran ciertos habría que proponer al secretario García Luna la integración de, al menos, tres comandos integrados exclusivamente por mujeres otomíes: sí tres de ellas, sin mostrar fiereza alguna, “secuestraron a seis afis”, ¡lo que no harán 150!
Como ha quedado demostrado en el caso de Jacinta Francisco Marcial y en el propio seguimiento jurídico realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en los casos de Alberta y Teresa las irregularidades, inconsistencias e ilegalidades del proceso son más que evidentes y alarmantes. La pregunta sobre la seriedad y responsabilidad con la que el juez Rodolfo Pedraza desempeñó su función es cada vez más difícil de responder. Igualmente resulta difícil entender la labor del magistrado Eduardo López.
Nadie regresará a estas mujeres los casi cuatro años vividos en reclusión, así como los muchos daños a sus familiares durante todo este tiempo. Lo que sí puede hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es regresarles a ellas, y de paso a toda la sociedad, algo de confianza y esperanza en las instituciones de justicia de este país.
Este caso no sólo es emblemático por ellas, sino porque puede sentar un poderoso precedente de no repetición para evitar que las mujeres indígenas vivan éstas y otras arbitrariedades. El padre de Alberta sintetizó, en una sola pregunta dirigida al agente que detuvo a su hija lo que muchos nos interrogamos con respecto al Estado mexicano: “¿por qué si te tratamos bien, tú nos tratas así?”
En este caso, también, la SCJN tiene la oportunidad de mandar un poderoso mensaje de que la administración de venganza no puede substituir a la justicia, no, al menos, en un Estado democrático de derecho.
emilioalvarezicaza@gmail.com
Públicado en El Universal